Existen gravámenes necesarios a la hora de cumplimentar un trámite. Y eso, por lo general, las personas lo entienden y respetan. La insatisfacción se produce cuando, por afectaciones inherentes a un organismo, debe pagar el doliente.
Odalis Darkins, Av. 59 #11025, apto.1 entre 110 y 112, Marianao, está en ese caso. El sábado 8 de junio al pasar por frente de la bodega 1584, El Caballo Blanco, ubicada en Av. 51 entre 116 y 118, Marianao, donde adquiere los productos de la canasta básica, uno de los dependientes le comunica que debía presentarse el lunes en la OFICODA para ser reubicada en otro establecimiento, pues este corre peligro de derrumbe. A la vez le orientó leer el cartel pegado en la puerta:
“Atención ORC 2674101: Los consumidores de esta unidad deben pasar por la OFICODA a realizar su cambio de bodega antes del 30 de junio por motivos constructivos. Llevar un sello de $5.00. Quien no acuda será ubicado donde exista la capacidad” y lo firma Comercio.
Según la lectora, su principal inconformidad fue constatar cómo la obligaban a pagar por un trámite no solicitado, máxime cuando esa acción llevaba implícito, además, molestias adicionales, entre esas, gestionar la dirección y número de la unidad para la cual desea trasladarse, porque allí no la ofertan.
También escribió Raúl Fernández Suárez, 112 #5117 e/ Av. 51 y 59 municipio de Marianao. En la misiva aclara otros pormenores que han dificultado la vida de buena parte de los 287 núcleos de ese establecimiento.
“El cartel instaba a realizar los trámites en tiempo porque de lo contrario la OFICODA se tomaba el derecho de ubicarnos donde entendiera conveniente, además de solicitar un sello de 5 pesos, lo cual no entiendo. Debo aclarar que aproximadamente hace unos 15 años sucedió lo mismo. El techo de la unidad situada en Av. 51 esq. a 112, se destruyó completamente y cerró. En una reunión con el delegado de circunscripción plantearon cerrarla temporalmente para repararla, lo cual nunca se hizo y fuimos trasladados hacia donde estamos ahora. Hoy día nuestra antigua bodega se convirtió en una CADECA.
“El 10 de junio fui a las oficinas de la OFICODA, sita en calle 116 esq. a Av. 43, por la mañana temprano para realizar los trámites pertinentes. Allí no tenían orientación al respecto. Horas después un vecino me informó que a la 1.00 p.m. comenzaría la atención. Llegué al lugar 15 minutos después de la hora anunciada pero ya habían repartido los 15 turnos de esa tarde. Al otro día volví a las 10:30 de la mañana.
También se habían agotado los turnos. Lidia, la administradora, confirmó que ya no quedaba capacidad para donde aspiraba a comprar. ¡Con solo 30 turnos se agotó una opción!”
El lector se siente maltratado. Una simple cuenta matemática basta para constatar que para satisfacer la demanda de los 287 núcleos involucrados se requiere de 19 días.
¿Acaso tendrán los trabajadores que faltar a sus centros todo ese tiempo hasta materializar el cambio, con la impronta, incluso, de ver cómo los ubican en lugares más lejanos por falta de capacidad cuando los locales cercanos se agotan tan de prisa? “La Empresa, considero, tiene el deber de reubicarnos en un sitio asequible y propongo un local en la misma avenida 51 e/112 y 114 donde hasta hace unos meses funcionó una ferretería.”
Pero las tribulaciones de Raúl Fernández no concluyeron. El martes por la tarde apareció un cartel en la OFICODA que informaba de la suspensión de los traslados de la bodega 1584 hasta nuevo aviso: “los consumidores deberán llamar por teléfono para informarse cuándo reiniciarán estos traslados”.
Este redactor buscó entre las páginas verdes de la guía de ETECSA tratando de encontrar dónde encajaba la obligación del pago de los consumidores por el forzoso traslado. No lo encontré. ¿Bajo qué concepto justificar entonces el cobro por una actividad no solicitada por el cliente? ¿No sería la Empresa de Comercio la encargada de asumir el costo de la actividad ante el deterioro de su unidad y el incumplimiento de lo pactado años atrás con sus clientes? ¿Repararán este local o correrá igual suerte que el anterior? Los consumidores tienen derecho a saber.
